U R G E N T E
A LOS SEÑORES LEGISLADORES:
Con motivo del tratamiento, por ese cuerpo, del proyecto
de Ley sobre constitución de fondos de refinanciación,
hemos hecho llegar en dos comunicados a los Sres. legisladores
nuestra petición de ser recibidos para dar una opinión
fundamentada sobre el tema. Sin embargo, durante las sesiones
de la semana pasada se intentó reiteradamente tratar
el asunto como grave y urgente, sin considerar la visión
de los involucrados. Ante la posibilidad de que se insista
en esta tesitura, reafirmamos que, sin perjuicio de los
innegables derechos constitucionales que asisten al Poder
Legislativo, es propia de la mejor práctica democrática
la consulta a las instituciones representativas, antes tomar
decisiones cuyos efectos van a recaer sobre todo el sistema
cooperativo de ahorro y crédito y de consumo.
En tal sentido, expresa la Recomendación 193 de
OIT, de fecha 20 de junio de 2002, que nuestro país
respaldó:
“10. 1) Los Estados Miembros deberían adoptar
una legislación y una reglamentación específicas
en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y
principios cooperativos enunciados en el párrafo
3, y revisar esta legislación y reglamentación
cuando proceda.
2) Los gobiernos deberían consultar a las organizaciones
cooperativas, así como a las organizaciones de empleadores
y de trabajadores interesadas, para la formulación
y revisión de la legislación, las políticas
y la reglamentación aplicables a las cooperativas.”
Asimismo, la Resolución 56/114 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, establece
que:
“2. Señala a la atención de los Estados
Miembros el proyecto de directrices encaminadas a crear
un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas,
que habrán de tener en cuenta al elaborar o revisar
sus políticas nacionales sobre las cooperativas.
3 Alienta a los gobiernos a que sigan examinando, según
proceda, las disposiciones jurídicas y administrativas
que rigen las actividades de las cooperativas, con miras
a garantizarles un entorno propicio y a proteger y promover
su potencial para ayudarles a lograr sus objetivos”.
Cabe señalar que en las directrices aludidas, presentadas
por el Secretario General, se incluye la necesidad de consultar
a las entidades nacionales representativas del movimiento
cooperativo para la elaboración de la legislación
apropiada.
¿Quiénes son los actores
que están operando en la instancia?
Afortunadamente y gracias a la conciencia colectiva y la
voluntad integradora que hemos desarrollado dentro del cooperativismo
nacional, podemos afirmar con orgullo que en pocos países
del mundo existen organizaciones de tan alta representatividad
de nuestro movimiento surgidas, no por imperio de una ley,
sino por consensos superadores de toda postura parcial o
sectaria. El Movimiento Cooperativo está representado
en CUDECOOP, cuyas instituciones asociadas agrupan a cientos
de miles de afiliados en todo el país y está
institucionalmente reconocida por participar oficialmente
sus miembros en la Comisión Honoraria de Cooperativismo
de acuerdo con el decreto 128/1991, del 6 de marzo de 1991.
Esta Comisión fue creada con el cometido, entre otros,
de asesorar en materia de legislación cooperativa
y cabe resaltar que tampoco ha sido consultada en esta oportunidad.
En los niveles gremial y sectorial, participan activamente
del análisis del proyecto la Federación Uruguaya
de Cooperativas de Consumo y las dos cámaras de cooperativas
de ahorro y crédito, en sus modalidades de intermediación
financiera (CACIF) y de capitalización (CUCACC).
Como entidad de la economía social, no cooperativa
pero también afectada por el proyecto, se ha oído
la voz de la Asociación Nacional de Afiliados.
A favor del proyecto, quisiéramos
saber quién está realmente. Ciertamente, nadie
que participe activamente de la promoción del cooperativismo.
Esto nos genera mayores preocupaciones, dado que en medio
de las carencias de la legislación y el sistema de
contralor vigentes, en el último lustro han venido
surgiendo grupos de prestamistas particulares que revestidos
de la simulada apariencia de cooperativas de ahorro y crédito,
realizan pingües negocios en su provecho, traicionando
el espíritu de la cooperación y la buena fe
y la necesidad apremiante de los prestatarios.
El hecho antes referido ha sido denunciado por nosotros
en múltiples ocasiones y es motivo de la preocupación
y la acción de la Auditoría Interna de la
Nación, que en 2002 elaboró un anteproyecto
de ley de cooperativas de ahorro y crédito, que mereció
nuestro apoyo y jamás llegó al Parlamento.
Estimamos imprescindible que una regulación sana
preceda a cualquier norma que extienda las facultades legales
de las cooperativas, para prevenir el uso y abuso de las
mismas por detentores de capitales privados ajenos a los
intereses de los supuestos beneficiarios.
Conocedores experimentados de las dificultades
de los procesos de capitalización de las cooperativas
y de la lenta progresividad de los mismos en sus fases iniciales,
nos extraña enormemente que instituciones todavía
desconocidas se propongan asumir una operatoria de refinanciación
de gigantesco volumen. Nos preguntamos ¿con el apoyo
financiero de qué capitales? ¿Los mismos que
respaldan a las extrañas “cooperativas”
que pululan como hongos en el centro de Montevideo y se
están extendiendo por el Interior? ¿A los
que hoy aprovechan el régimen tributario y de seguridad
social de las cooperativas de capitalización y utilizan
un sistema excepcional de retenciones se les permitirá
ahora que tomen en las mismas los lugares prioritarios como
el del BROU y negocien a su antojo con deudores apremiados
por sus situaciones particulares? ¿Queremos dejar
en esas manos a los bien inspirados deudores cuyos créditos
padecen atrasos y carecen de condiciones para negociarlos?
Somos conscientes de la necesidad
de hallar caminos para aliviar esta problemática,
con las garantías necesarias para que estas soluciones
provengan de los auténticos representantes de los
involucrados.
El impacto que la sanción de este proyecto tendría
sobre las cooperativas amerita ya nuestra acción,
pero más allá de ello, queremos ejercer un
acto de responsabilidad institucional, advirtiendo sobre
el riesgo social y económico que derivaría
del uso de este instrumento legal.
CUDECOOP
Montevideo, 15 de setiembre de 2004
